El envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la debilidad de las redes familiares, la inmigración, la pobreza infantil o la violencia, junto al uso masivo de las tecnologías y la repercusión que tiene esto en las conductas son algunas de las nuevas realidades de la sociedad que no están resueltas.
La Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública, que se ha celebrado hoy en Madrid, organizada por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) con el apoyo de la Escuela Nacional de Sanidad, ha puesto de manifiesto cómo la salud mental no ocupa un lugar relevante en los sistemas de vigilancia en salud pública y es la gran olvidada. Así lo han recogido las ponencias de la mesa "Vigilancia de la salud mental: la gran ausente", en la que se ha destacado que falta la percepción de que es un desafío político con grandes implicaciones económicas.
Desde la Sociedad Española de Epidemiología consideran que la calidad de la información epidemiológica en salud mental es baja y reclaman una estrategia multisectorial frente a la enfermedad mental en la que se identifique el suicidio como una de las prioridades para la vigilancia y la prevención.
Además, apuntan que se dé también prioridad a los trastornos que afectan a la infancia y adolescencia, la depresión, el abuso de sustancias y los problemas psicogeriátricos. Consideran necesario identificar las bolsas de subdiagnóstico y tratamientos inadecuados de las enfermedades mentales y que se aborden de manera urgente.
Entre las conclusiones de esta mesa, el Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública destaca que la salud mental "lleva demasiado tiempo ocupando el último lugar de la sanidad en recursos y compromiso institucional" y recuerdan que el impacto de estos problemas en la morbi-mortalidad de la población, en la vida familiar, social y laboral de las personas "merecen otra atención y otros recursos y los merecen ya".
Por otra parte, la jornada ha analizado el desarrollo de la Ley de Salud Pública que debe dar forma a una red de vigilancia en salud pública. En ella está trabajando el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La SEE ha querido, así, poner el foco en las necesidades de un sistema de vigilancia de la salud pública que tiene que adaptarse a los tiempos.
Desde la Sociedad Científica se considera que los avances tecnológicos y el volumen de datos que se generan en distintos ámbitos de la asistencia sanitaria, pueden ser de gran utilidad en la vigilancia epidemiológica, "son una gran oportunidad y un reto organizativo y de coordinación".
Y para ello se han expuesto dos ejemplos. El primero para mostrar lo que supondría contar con una base de datos estandarizados a nivel nacional, procedente de los registros que realizan los profesionales de Atención Primaria en las historias clínicas electrónicas. De ahí, se podrían extraer multitud de datos y analizar información de un 10% de la población sobre problemas de salud activos, medicamentos prescritos, interconsultas, procedimientos realizados e información sociodemográfica, entre otros.
El segundo ejemplo ha sido el Sistema de Información sobre Cáncer de la Comunidad Valenciana, una gran base de datos que permite identificar en torno a 26.000 nuevos tumores al año y así realizar la vigilancia sistemática del cáncer en esta Comunidad Autónoma, generar informes de incidencia y de mortalidad, evaluar programas de diagnóstico precoz de cáncer o estudios sobre calidad asistencial o de investigación.
En la jornada se ha podido conocer el proceso que están siguiendo las autoridades para elaborar la futura norma de vigilancia en salud pública. Una apuesta por la vigilancia integral de problemas de salud y determinantes, ligada al enfoque de desigualdades y equidad, que quiere sentar las bases para una vigilancia epidemiológica que se adapte a las nuevas circunstancias sociales.
La jornada ha sido inaugurada por Fernando Simón, de la Dirección General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Juan Martínez, director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid; Antonio Sarría, director de la Escuela Nacional de Sanidad; Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, y Pere Godoy, presidente de la SEE.
