El Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología ha manifestado su apoyo a las medidas que plantean algunas comunidades autónomas para regular e incluso prohibir el consumo de bebidas energéticas entre menores. Y es que, hace unos días, la Xunta de Galicia anunció que en su nueva ley para la prevención de adicciones en menores de edad prohibirá la venta y el consumo de bebidas energéticas a los menores de edad. Además, otras autonomías estudian tomar medidas similares.

La normativa anunciada por Galicia equiparará estos productos al alcohol y vetará la publicidad que se dirija al público infantil. Esta medida viene precedida de un informe por parte del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que identificaba potenciales riesgos del consumo de estas bebidas y lo desaconseja a mujeres embarazadas, niños y adolescentes menores de 18 años.

De hecho, desde el Grupo de Trabajo de Nutrición de la SEE, recuerdan que las bebidas energéticas contienen una gran cantidad de azúcares y, por lo tanto, aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Además, por la cantidad de cafeína que contienen, su consumo se asocia a alteraciones del sueño, e incluso a efectos psicológicos y alteraciones del comportamiento, así como trastornos cardiovasculares. En este sentido, advierten de que pueden llegar a causar dependencia física y de que el consumo de estas bebidas combinadas con alcohol conduce a estados de alteración que pueden disminuir la percepción de la intoxicación etílica.

Cinco propuestas

Tal y como recuerdan desde la Sociedad Española de Epidemiología, ya en el año 2019 el Grupo de Trabajo de Nutrición publicó un artículo que recogía varias propuestas alimentarias con el objetivo de prevenir la obesidad y las enfermedades crónicas mediante la creación de entornos alimentarios saludables. Entre esas propuestas, se encontraba la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a menores por todos los medios, así como la prohibición de patrocinios de congresos o eventos deportivos y avales de asociaciones científicas o profesionales de la salud.

También recogían la promoción de una oferta 100% saludable en máquinas expendedoras de centros educativos, sanitarios y deportivos; la implantación de un impuesto de al menos del 20% a las bebidas azucaradas; la aplicación de un etiquetado frontal interpretativo y la reformulación de los productos procesados para hacerlos más saludables.

Estas cinco propuestas, afirman, son de utilidad en relación con el consumo de bebidas energéticas, ya que, aunque la legislación básica de alimentos y bebidas se establece a nivel nacional, los desarrollos legislativos pueden hacerse a nivel autonómico, como está siendo el caso. Por ello, la Sociedad Española de Epidemiología considera que este tipo de políticas autonómicas pueden ayudar a reducir la exposición de los menores al consumo de bebidas energéticas que suponen un riesgo para su salud.